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La CCOC avisa de la pérdida de 30.000 empleos por la caída de la inversión pública

El ajuste presupuestario que intentan llevar a cabo todas las Administraciones, y específicamente la catalana, pone ante los pies de los caballos a las empresas constructoras que avisan de un abrupto recorte de la capacidad productiva y por lo tan- to de empleos, a menos que se apliquen métodos que permitan reactivar la construcción de obra pública. La Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) propuso ayer que se desarrollen infraestructuras con peajes para evitar la muerte por inanición del sector.

Rafael Romero, presidente de la Cambra, expuso que hay infraestructuras cuya construcción puede interesar al sector privado y que no deben aplazarse por la «impopularidad» del peaje. Recordó que el sector español de concesionarias es uno de los más importantes del mundo y que «solo hay que garantizarles una rentabilidad». Entre las obras que podrían hacerse por vía de la concesión y del peaje mencionó algunos tramos del corredor del mediterráneo, como los accesos a los puertos de Valencia, Tarragona y Barcelona, también destacó que puede haber un peaje por utilizar la vía del ferrocarril o por el suministro de agua a las empresas. Como una alternativas, los contratistas mencionan la «euroviñeta», que pagan los vehículos pesados al circular por algunos países europeos, como Alemania o Francia, para mantener las infraestructuras viarias.

Los constructores temen que si no se ponen los medios necesarios, el sector puede perder más de 30.000 empleos entre el 2010 y el 2012. El impacto podría elevarse hasta los 84.000 puestos si se incluye en el cálculo a la industria auxiliar. Esa sería la consecuencia de reestructurar las 200 empresas que componen el sector de la obra civil en Catalunya. «Estas sociedades tendrán que aliarse, fusionarse y, además, buscar nuevos mercados fuera para poder sobrevivir», planteó Romero.

Ante la grave situación que se avecina, la CCOC plantea que el Govern asuma la aplicación de exenciones fiscales que faciliten los procesos de fusión de empresas. Pide que se agi- licen los procedimientos administrativos para que se cumplan más rápidamente la tramitación de los expedientes de empleo. Entre las reivindicaciones se incluye recuperar la inversión lo antes posible. Romero exigió a la Generalitat que invierta en obra pública al menos 1.000 millones de euros en el 2012. H

Autor: MAX JIMÉNEZ BOTÍAS

Fuente: elPeriódico